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La pureza de los ángeles

Tal vez
llevamos alas en la espalda
Y no sabemos
Rómulo Bustos (1954)

Hace unas fechas intercambiábamos opiniones con un amigo. ¿El motivo? un artículo en el que valorábamos la continuidad del Título VII de la LOE, en los borradores publicados de LOMCE. En él decíamos que mantener sin cambios la Inspección de Educación, tenía que ver con la escasa relevancia o el desinterés hacia su papel, con el uso interesado de su significado o con su satisfacción con el modelo porque, recuperamos literalmente, “cumple con su papel de herramienta al servicio de la centralización y homogenización del sistema educativo y la consolidación del modelo funcionarial de obediencia debida”.

Más allá de nuestro desacuerdo, el intercambio nos sirvió para especular sobre algunas cuestiones que, fuera de su mayor o menor interés para la comunidad educativa, son motivo de debate entre los grupos que conforman la administración educativa.

Hablábamos del “principio de legalidad” como defensa del derecho de todos o de los privilegios de unos pocos; de la posibilidad ser “neutral” cuando la legalidad desvirtúa esos derechos; de la viabilidad de una postura “independiente” a los dictados de la política interesada del partido que gobierna; y de las controversias de las leyes anteriores sobre el modelo de organización (nivelar o internivelar), la necesidad de integrar la supervisión y el asesoramiento y papel, poder, de la Inspección de educación dentro de la propia administración.

Nuestro intercambio resultaba estéril, más allá del placer de la comunicación, al dejar al margen el contexto en el que nos movemos. No es posible sobrevolar con nuestras “alas de ángel” en un universo claramente “cainita” sin caer en el riesgo de levitar en sentido místico.

¿Dónde estamos? Muchos, todos,  podemos soñar con la existencia de un acuerdo general sobre una de las capacidades básicas que la sociedad tiene: LA EDUCACIÓN. Una mirada a los últimos siglos, desde que se considera que la educación es un derecho de todos y no un privilegio de príncipes, nos dice que “aquí y ahora” es imposible. Es cierto que nos hemos puesto de acuerdo, tras costoso parto, en algunos temas centrales, “la obligatoriedad de educar a todos hasta los 16 años y de forma gratuita en el periodo de tiempo que se acota como edad básica”. Pero no lo es menos que tenemos diferencias irreconciliables en cómo organizar la respuesta a la diversidad del alumnado, lo que hay que enseñar en las aulas, el valor de las distintas lenguas, la titularidad y financiación de los centros docentes, la organización, participación y gobierno de los centros y las competencias que corresponden a los distintos niveles de la administración en el Estado de las autonomías.

También sería cierto, si deducimos que la continuidad de ciertos contenidos, siempre que consideremos la LOE como una ley representativa de una parte y la LOMCE de otra, puede significar un cierto grado de acuerdo en los enfoques sobre la educación infantil, el profesorado, la cuestión que nos ocupa (la Inspección del sistema educativo) y los recursos económicos. Nada más lejos de la realidad.  La visión de los centros como una parte más del mercado (evaluación externa y escolarización), la enseñanza de la religión y del castellano, la financiación de la enseñanza (incluido el concierto de la escuela diferenciada y el incremento del coste de los materiales curriculares), la autonomía de los centros, etc., son cuestiones que nos separan.

En este contexto, ¿las políticas educativas pueden ser independientes a los dictados del partido de gobierna?, ¿los encargados de ejecutar y controlar las leyes pueden actuar al margen de estas? Entendemos que no. No es posible, sin riesgo para la “salud”,  defender, aplicar o evaluar una cosa y la contraria. Sirva de ejemplo, ayer tratábamos de encontrar el camino para enseñar y evaluar desde las Competencias básicas, mañana lo haremos, como toda la vida, desde la competencia más académica.

Hace unos días, leíamos un artículo de opinión de Almudena Grandes en el que utilizaba el mito de las “dos Españas” en el que decía, “si nuestro país fuera una persona, sus familiares intentarían llevarla a un psicoterapeuta que le ayudara a discriminar entre sus fantasías y su situación objetiva”. 

Puede ser una buena iniciativa pero hay otras y, en el caso del contenido del intercambio, preferimos apostar por la desaparición de la Inspección de Educación (¿Necesitan los centros, los profesores y los ciudadanos de la vigilancia educativa? ¿Es la propia administración quien la necesita?), o  por convertirla, eso sí, en una herramienta comprometida con las políticas educativas.

En este último supuesto, ante la imposibilidad de mantenerse neutral, o de ser independiente de las políticas educativas, creemos que los encargados de vigilar la norma deberían estar sujetos a la misma temporalidad de las elecciones democráticas y seguir el dictado de las urnas. Es el criterio que se aplica a los directores de los centros docentes pero, en este caso, con distinta temporalidad y sin posibilidad de continuar. La misión asesora y supervisora, las dos deben ir unidas, se inicia cuando lo hace el partido del gobierno y termina con el cierre de esa legislatura. Pensamos que la Inspección de educación no puede sobrevolar las políticas educativas pues debe actuar al dictado de las cambiantes leyes.

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