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El vigilante del aula

“¡INDIGNAOS! Luchad, por salvar los logros democráticos basados en valores éticos, de justicia, de libertad (…)
¡INDIGNAOS! Sin violencia”
José Luis Sampedro (2011), Yo también. Prologo de libro ¡Indignaos!, de  Stéphane Hessel (2010), Destino. 

Muy pocas fechas han separado el fallecimiento de dos autores que han puesto sus palabras al servicio de la defensa de los derechos de todos frente al abuso y el intento de domesticación de unos pocos. Las hemos tomado prestadas para introducir el sentimiento de rechazo que nos provoca la publicación del Decreto13/2013, de 21/03/2013, de autoridad del profesorado en Castilla-La Mancha (DOCM, 26 de marzo), por el que desarrolla la Ley de Autoridad del Profesorado.

En el apartado de “Opinión” de la Web, como hicimos en su día con la llamada Ley de Autoridad, publicamos un análisis más amplio de esta norma que hemos titulado “El código penal escolar: Expulsiones, trabajos forzados…”. En él, se valora su contenido en comparación con el resto de normas relacionadas con la convivencia. Aquí, en cambio, opinamos desde los afectos (el alma) para manifestar nuestro RECHAZO E INDIGNACIÓN.

El Bronx

El decreto se justifica desde la existencia de una situación de deterioro de la vida y el clima de convivencia de los centros docente que, entre otros efectos, contribuye a la baja calidad de la enseñanza y al fracaso escolar.

El “profesor” es una de las especies a proteger en un momento en el que, desde la sociedad civil, peligran los fundamentos del Estado de derecho. Los recortes al estado de bienestar, la corrupción o el paro han ido deteriorando la confianza social en el valor de nuestras autoridades. Los escarches (el propio Consejero de Educación ha sido objeto de uno de ellos), las continuas manifestaciones, el cuestionamiento de la clase política y de la monarquía, etc. son manifestaciones de esa desconfianza y malestar.

Los responsables de esta situación, los poderes económicos y políticos, entienden que es una crisis de autoridad y piensan que, a medio y largo plazo, se puede modificar con la educación. Y de entre ellos, satisfechos de haberse conocido, los responsables políticos de nuestra Comunidad Autónoma se ponen a la cabeza para imponer en los centros docentes medidas para cortar de raíz, la subversión.

En los cuatro meses transcurridos entre la presentación del decreto, 23 de noviembre, y su publicación, 26 de marzo, la prensa ha difundido noticias y opiniones que refuerzan la hipótesis de que los centros docentes se están convirtiendo en una especie de Bronx sobre el que es urgente actuar.

El pasado mes de enero, la prensa y las cadenas de televisión ponían una y otra vez el vídeo que mostraba a un alumno de la ESO (según la información tenía antecedentes policiales por agresión y atentado contra la autoridad), quemando con un encendedor el pelo de una profesora (mujer y profesora de apoyo). Nosotros nos hacíamos eco de la agresión y poníamos en Twitter ¿Qué está pasando?

En fecha más reciente, 11 de marzo, el periódico “La Razón” publicaba en la página de educación un artículo “Adolescentes y maltratadoras” en el que se presentaba el perfil del maltratador (14 o 15 años, dos tercios viven en familias desestructuradas y consumen habitualmente sustancias tóxicas). Según la subdirectora de un centro de menores:  “El empujón, la patada, el cenicero a la cabeza no vienen de repente. Hay muchos escalones antes de llegar a la violencia física. «Se empieza con las ironías, las malas contestaciones, los desprecios, insultos que van “in crescendo”… Cuando un menor llega a agredir a su propia familia es porque los adultos no le han establecido límites a tiempo en oportunidades anteriores».Da igual que se refiera a una población concreta, la violencia de los adolescentes siempre es noticia y alimenta programas de televisión. 

Magnificar la información y utilizarla para justificar sus intereses es uno de los rasgos de la ideología conservadora. Da igual donde se produzca y quienes sean los responsables, todos podemos identificar situaciones cercanas en las que se dan las malas contestaciones, el desprecio, el insulto…Todos estos comportamientos son los que erradicar con respuestas contundentes, eso sí, sin llegar a la violencia.

El 26 de marzo, un nuevo vídeo ponía de actualidad el tema de la disciplina en las aulas. En él, se recogia la paliza que un profesor daba a un alumno en un centro de enseñanza marroquí de Melilla autorizado por el MECD. El escándalo era en sentido contrario a los intereses de los defensores de la “autoridad” pero respiraron tranquilos pues, aunque en territorio nacional, se trataba de un alumno, un profesor y un centro de Marruecos.

“Yo quiero que me dejen dar clase”

En este contexto, es digno de destacar el papel de “salvadores del profesorado” que los responsables políticos se atribuyen. Es más, se sienten elegidos para satisfacer un viejo anhelo del profesorado (la carta enviada por correo electrónico a cada uno de los profesores así lo dice). Por eso, instauran un codigo de castigos (trabajos obligatorios, expulsiones de las clases, de las actividades extraescolares y complementarias y del centro, deportaciones a otros grupos o centros, pérdida de derecho a la evaluación continua, más y en menor cuantía, la lógica reparación), al que eufemísticamente llaman “educativo”, para responder de manera inmediata y sin otro procedimiento, a las culpas del alumnado.

Sin mayor esfuerzo, la convivencia se restaurará por el refuerzo de la autoridad del profesor y temor al castigo de los alumnos. ¡Por fin el profesor podrá impartir los conocimientos de su materia!

Pioneros

La principal novedad es la imposición a todos los centros de un código en el que el alumnado es el responsable de todos los males y el profesorado la víctima. Carece de originalidad en su contenido. Ya teníamos ejemplos de nuestra doble moral. El Decreto de Convivencia vigente habla de la responsabilidad de todos mientras señala, únicamente, la de algunos.  No hay mayor perversión que llamar de “convivencia” al aula a la que se envía al alumno expulsado (algunos le llamamos Guantánamo).

Este código, de aplicación única, que no tiene en cuenta las circunstancias, además de a las familias y el alumnado, excluye al propio profesorado y a los centros de la decisión. La víctima, el profesor, se convierte en “vigilante”; el director, el beneficiario de la decadencia del Consejo escolar, en encargado de ajustar las cuentas y aplicar el doble código de conductas según quienes sean las personas agredidas; las familias en colaboradoras incondicionales y sumisos; y el alumnado, el agresor, paga las consecuencias de sus actos con un castigo.

Una cuestión menor, los adornos, son las llamadas medidas de apoyo al profesorado. La “Unidad de Atención al profesorado” será más eficaz que la existente “Unidad específica regional” y el profesorado de la escuela privada concertada gozará de la misma cobertura de protección jurídica que el de la escuela pública.

La escuela tiene un problema …

La escuela que se queja de no tener tiempo para dar los contenidos del programa, la que sigue literalmente el libro de texto, la que copia los objetivos generales de la etapa y las Competencias básicas en las Programaciones didácticas y los olvida en los contenidos y la evaluación, tiene un problema: no es competente para educar la convivencia. Y para sobrevivir necesita primar la sumisión y la obediencia debida y utilizar un sistema de castigos como autodefensa.

Pero este sistema, lejos de resolver los problemas y acabar con las conductas delictivas, contribuirá a que aumenten. El número y el exceso de los vigilantes y el uso abusivo y frecuente de los castigos (el héroe del aula, el rechazo de los trabajos impuestos, la inhibición o la resistencia más o menos activa del resto del alumnado, etc. ) tendrán efectos perversos para la convivencia y para la llamada calidad de la enseñanza.

Quiero enseñar y aprender a convivir

Educar para la convivencia en una sociedad democrática, exige incorporar su contenido al currículo y utilizar la vida del centro como laboratorio de buenas prácticas. No es suficiente, nunca lo fue, con incluir una sesión de tutoría para conocer los derechos y deberes y otra para elegir un delegado, ni con poner en marcha una materia específica (suprimida por cierto por los mismos que ahora  imponen el código).

Los problemas que ve cada día el alumnado en los medios de comunicación y los que vive en su casa, no pueden quedar al margen del aula. El centro es un espacio de convivencia ideal para educar al alumnado en el rechazo y la oposición a los abusos, las injusticias sociales, la corrupción, el uso egoísta de los recursos, el uso del poder en el propio beneficio, la manipulación, la democratización de las prácticas de los partidos, la destrucción de los recursos naturales,…

La mejora del clima de convivencia y el valor educativo de cualquiera de las medidas que se adopten pasan por asegurar la participación y el compromiso de todos en establecer, regular, controlar y aplicar sus propias las normas. Reglas sí pero hechas por el grupo y aprobadas por el conjunto de la comunidad. Negar la participación, además de impedir el ejercicio de un derecho, es perder el mejor instrumento de la práctica educativa.

Nos sublevamos contra la arbitrariedad, la sumisión o los castigos porque queremos alumnos competentes en el manejo de las habilidades sociales, expertos en el control de su propias conductas, comprometidos con la convivencia,…personas que actúan de forma correcta porque aman el bien y no porque temen el castigo.

En cuanto a nosotros,

nos negamos a ser vigilantes. Si ellos los necesitan para imponer su escuela que contraten a Kontrol 34 (la empresa responsable del control y la seguridad en la fiesta de Halloween en Madrid).

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