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Interpretar a Shakespeare

Tres citas para empezar

“Creo que (…) la única manera de que los chicos lean y entiendan a Shakespeare (…) es ver las obras representadas o, mejor aún, (…) representarlas”.
John Irving (2012) “Personas como yo”. Tusquets Editores (marzo, 2013)
 
“PODER COLECTIVO DE LOS NIÑOS (…) A nuestro entender, solo una práctica de la vida social y un ejercicio del poder colectivo dentro de las instituciones podrán permitir al niño adquirir una independencia gradual que desemboque en un proceso de conversión en hombre social”.
Mendel y Vogt (1973). El manifiesto de la Educación. Siglo XXI editores (1975)
 
“El alumno, es un sujeto de derecho y, como tal, es un ciudadano y participa, o debe participar, en una ciudadanía activa (…) en la ciudad es también un ser social (…). Los deberes son resultado de los derechos”.
Jean Le Gal (2002). Los derechos del niño en la escuela. Una educación para la ciudadanía. Graó, 2005.

La cita recogida de la última novela de Irving (el protagonista construye su identidad sexual en oposición a los demás y así mismo) recoge muy bien, de ahí el título, la idea de que “a convivir se aprende conviviendo y ejercer la democracia participando”. El texto de Mendel y Vogt, un clásico, expresa con claridad que la socialización democrática de las personas pasa por el ejercicio del “poder colectivo” desde la Infancia. Y, por último, la cita de Jean Le Gal alerta de que no existen deberes sin derechos y que el ejercicio de unos y otros tienen que materializarse en todos los ámbitos de la sociedad. La escuela lo es.

La escuela no es una institución democrática

Los actuales responsables políticos” piensan que la escuela (el centro docente) no es una institución democrática. La publicación en nuestra Comunidad, también en otras, de la Ley y el Decreto de Autoridad confirma esta evidencia y así lo hemos dicho en otros artículos de esta Web al analizar el significado del decreto de disciplina del alumnado y el papel de vigilante que otorga al profesorado.

El centro docente carece de tiempo para educar la convivencia y, por ello, necesita un sistema de castigos que atemorice al alumnado desmotivado y, de paso, garantice, el proceso de selección. Además, agobiados y asustados por la presión de la calle, no son unos cuantos desarrapados los que protestan, quieren reforzar la autoridad (obediencia ciega) desde las instituciones básicas. La familia y la escuela acumulan el máximo protagonismo.

Descartada la familia. No parece viable publicar un decreto de “autoridad de los padres” (no habría que descartar esta posibilidad) con un menú universal de castigos en casa. Mejor derivar la responsabilidad a las instituciones religiosas. Guardianas de la moral y controladoras de las conciencias individuales, las iglesias (nunca les gustó la democracia laica) montan sus numerosas cruzadas contra… y en defensa de … Sus doctrinas demonizan otro tipo de familias, califican el resto de opciones como patológicas o pasan de ellas por su carácter anecdótico.

La escuela es otra cosa, pues en ella sí es posible establecer las bases de la obediencia debida. Simplemente basta con implantar la disciplina y, después de convertirlo en victima, entregar  al profesorado todo el poder de la ley para que su peso caiga sobre el alumnado culpable. Su dominio del conocimiento da al profesorado la autoridad y al alumnado la obligación de ser guiado. Nunca fue posible aprender juntos. Urge, además, pasar rápidamente la página de las Competencias básicas para evitar el riesgo de que consoliden. Aspiran a educar personas obedientes y sumisas. “Quien obedece al maestro, obedecerá al oligarca, al gobierno sean cuales sean sus medidas”.

LA ESCUELA NO ES UNA INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA y su deber es imponer la disciplina desde el castigo. Policías, multas,…no parecen suficientes para proteger la riqueza de sus amos y necesitan domesticar a las nuevas generaciones. Para hacer frente al rechazo social de las instituciones políticas y económicas por su responsabilidad en la condena del estado de bienestar, necesitan la educación como instrumento de selección del alumnado al servicio de la ley del mercado, necesitan proteger y reforzar la autoridad, el poder, del profesorado para sustentarla. Quieren una sociedad  más domesticada, sometida a los dictados del mercado, dispuesta a trabajar más a cambio de recibir lo justo, consumidora de lo que le digan y satisfecha de ejercer su derecho al voto cada cuatro años.

Los derechos del alumnado, otrora referentes, sufren el mismo deterioro y retroceso que el resto de derechos sociales. La doble vara de medir de las normas escolares se hace más evidente a medida que se olvidan los derechos y las reglas colectivamente establecidas. El centro docente y sus instituciones deben refrendar el modelo de autoridad.

Hay otros caminos

Ilusos o utópicos, creemos que la ESCUELA ES UNA INSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA, rechazamos este modelo porque impide a las personas, hoy en la escuela y mañana en la sociedad, ser competentes en el uso de sus derechos y, lo que es más grave, les inhabilita para cumplir de manera consciente sus deberes. Es por eso que utilizamos la palabra mágica “emprender” para invitar a todos a utilizar un camino diferente, aquel que reconoce los derechos de las personas y permite la práctica democrática desde la infancia.

Se trata, en este caso, de recuperar las prácticas de democratización que en los años sesenta y setenta del siglo XX, estábamos en Mayo del 68, se pusieron en marcha, sobre todo, a partir de las iniciativas del “Movimiento Freinet” y, a partir de él, de AUTOGESTIÓN ESCOLAR de la “Pedagogía Institucional”.

Freinet, sobre todos, Dewey, Lewin, Lobrot, Lapassade, Ferry, Ferriere, Rogers, los maestros compañeros de Hamburgo, Blonskij, Makarenko, Pistrak, Profit, el Plan Dalton, la escuela de Winnetka, Neill, Barbiana, G.E.T., Paul Juif y los movimientos de juventud franceses, los Centros de entrenamiento de métodos activos, el instituto experimental de Oslo, los tribunal de arbitraje de Korczak en Polonia, los consejos de niños de Nantes, etc. han dejado ideas y prácticas muy valiosas para, en oposición a la escuela bancaria (Freire) o domesticadora que necesita del autoritarismo y la disciplina impuesta para sobrevivir, habilitar al alumnado para ser competente y ejercer sus derechos en la sociedad democrática.

De entre todos ellos queremos destacar, recuperar, la vertiente más práctica que representa el Grupo G.E.T. (en el 1976 tuvimos la oportunidad de leer la tercera edición de libro más representativo de este grupo, “Hacia una pedagogía del Siglo XX”, escrito por dos de los autores del movimiento, Fernand Oury y Aïda Vásquez, en 1968 y publicado por Siglo XXI editores). Los planteamientos de este amplio y heterogéneo grupo de autores tuvo su eco en España, especialmente en Cataluña, (experiencias guiadas por Fontán Jubero, Jaume Sarramona…), aunque su influencia también alcanzó otros rincones y nos ayudó a definir nuestra propia experiencia, tal y como hemos relatado en uno de los artículos de opinión (“Socializar el material escolar. Prácticas cooperativas al servicio de las Competencias básicas y contra el negocio de los materiales escolares”).

Estas prácticas se han visto refrendadas y enriquecidas en las siguientes décadas desde marcos teóricos muy diversos. Citamos, por ejemplo, la Psicología del Aprendizaje y sus técnicas para modificar la conducta con el manejo de las contingencias en el grupo (estructuración grupal de la clase, establecimiento de normas compartidas, reforzamiento compartido, convenios de grupo, tutoría de compañeros, economía de fichas, tablas de premios y castigos, colaboración de agentes externos, autocontrol, etc.), la Pedagogía del Contrato como herramienta de motivación, socialización e individualización/ diferenciación (Przesmycky, 1994. La pedagogía del contrato. Graó, 2000) o las experiencias en torno a la ciudad de los niños de Tonucci en Fano (Fundación Sánchez Rupérez, 1998).

El denominador común de todas ellas es la búsqueda de una ciudadanía democrática desde un doble enfoque, la práctica cooperativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y la respuesta a los problemas de disciplina y convivencia desde la participación y el compromiso del alumnado.

La educación nos sirve, en el modelo de Escuela pública progresista, para fortalecer la cultura y los valores de la ciudadanía democrática y promover la cohesión social. Hoy, desde ella, es urgente recuperar las prácticas de “autogestión escolar” y convertir el espacio escolar en un laboratorio de prácticas democráticas y convivencia. Este cambio requiere, en el caso de la disciplina, reinterpretar las relaciones de poder en el aula, los centros y las ciudades para poder interiorizar los límites desde la comprensión y la libre aceptación de la norma y frente al sometimiento a la autoridad impuesta y el miedo al castigo. Repasamos algunas de estas prácticas y otras utilizadas en nuestra propia experiencia.

El aula es un espacio cooperativo de trabajo y convivencia

Autogestionar el propio aprendizaje y los conflictos que el día a día se producen en el aula, permite resolver los problemas en un contexto muy diferente al que ofrece la “clase sentada de contenido materia y hora” y, además, tiene el valor añadido de aumentar el interés por aprender (no por aprobar), compartir, respetar…

El aula tiene otra vida, la distribución individual de las mesas para la respuesta individual se  sustituye por el espacio abierto y la movilidad. La consulta de información y el debate sustituyen a la toma de apuntes y la respuesta precocinada de las actividades del libro. El alumnado aprende, a la vez, a convivir y a usar el conocimiento con la ayuda de los materiales, el profesor y los propios compañeros (regentes, tutoría entre iguales, mentores, etc.).

La planificación del proyecto, la elaboración y evaluación del trabajo, la organización del espacio del aula, la gestión de los materiales, el diseño y gestión de las actividades complementarias son ámbitos de desarrollo y participación del alumnado lo que “libera” al profesorado de la responsabilidad de vigilar.

La regulación del trabajo (puntualidad y asistencia incluida, pero también terminación, revisión, etc.) y la convivencia quedan reguladas mediante un código establecido por maestros, alumnos y familias pues todos ellos son sujetos con derechos y deberes. Esta regulación puede concretarse en un contrato escrito en el que se fijen los compromisos y los efectos de los incumplimientos. Su incumplimiento se valora y resuelve (semanalmente, quincenal o mensualmente de forma ordinaria o cuando se determine) la Asamblea o el Consejo de cooperativa. En él participan todos de acuerdo con la competencia que se establezca en función de la singular problemática.

La escuela de “hora a hora y de maestro en maestro” no es competente, carece de tiempo para reunir la Asamblea o el Consejo de Cooperativa, cuando hay un problema, paraliza la clase y el profesor, según su arbitrario nivel de tolerancia, gasta sus energías en “llamar la atención, reprimir y amenazar momento a momento”. ¿Cuándo hacerlo? ¿A qué materia, con la ingente cantidad de conocimientos que hay que dar para que no queden mal en PISA o las pruebas de conocimientos programadas por el MECD o la Comunidad Autónoma? No es posible en ese contexto porque nadie quiere renunciar al poder que le otorga el currículo y la autoridad que les dan las normas (antes venía directamente de Dios). Como mal menor podrían establecer, cada uno en su hora, el procedimiento con el riesgo de multiplicar por X, los proyectos, las normas, los contratos…La otra opción como máximo (la que promueve el Decreto de Convivencia de Castilla-La Mancha) es la de cerrar la participación del alumnado en la elaboración de las normas, dejando en manos del profesorado el control y la valoración de los comportamientos.

La enseñanza y aprendizaje de los contenidos y la convivencia en el aula cobran otra dimensión cuando se interpretan desde las Competencias básicas. Es posible conocer los fundamentos de las materias para comprender y transformar el mundo que nos rodea y, de manera simultánea, aprender a actuar con autonomía y a convivir utilizando prácticas de trabajo y regulación cooperativas.

Este es el fundamento de las “Unidades de Trabajo” que defendemos y cuyo estilo de enseñanza se define por el respeto a la singularidad de todos y a la obligación de aprender juntos sin exclusiones; la referencia al Proyecto educativo como regulador de toda la vida del centro; el desarrollo de proyectos, preferentemente, interdiciplinares como herramienta para el desarrollo de “Aprendizajes” asociados a todas las Competencias básicas; la planificación, desarrollo y evaluación de tareas ordenadas y secuenciadas para resolver problemas y buscar alternativas de mejora; la organización cooperativa del trabajo y el ejercicio responsable de la autonomía; la autoevaluación; y la implicación de las familias. Es fácilmente reconocible la huella de la Pedagogía institucional.

El centro es un laboratorio de prácticas democráticas

La organización general y el funcionamiento del centro favorece o limita la gestión cooperativa del aula en la doble vertiente de aprendizaje y convivencia. El centro escolar organizado como un “edificio de oficinas” en el que el alumnado y los profesores se distribuyen según el criterio de grupo, hora y materia no es competente para educar al alumnado. Pensado para impartir conocimientos y domesticar tiene problemas cuando el alumnado no esta en el aula bajo la vigilancia del profesorado. Este centro niega los derechos a la libre circulación, el uso de los recursos, la participación y la reunión. Las entradas y salidas de clase o del centro, la salida al WC y el recreo son momentos problemáticos que necesita reglamentar.

Los delegados de curso, la Junta de delegados, el Consejo escolar, las AMPAS y las prácticamente inexistentes Asociaciones de alumnos son meros adornos que aparecen en los documentos del centro para justificar que cumplen con las normas.

La autogestión escolar ofrece alternativas para facilitar el ejercicio de los derechos del alumnado y las prácticas democráticas que exigen otros estilos de participación y distribución del poder. La ruptura de los horarios cerrados, la libre circulación del alumnado y el acceso a todos los recursos disponibles se favorece cuando se trabaja con proyectos interdisciplinares. El alumnado, una vez planificado el proyecto, asume el compromiso de realizar el trabajo investigador en el tiempo previamente establecido, autogestionando el horario y espacio (Taller, Seminario, Biblioteca, Aula de TIC…). El modelo permite que en un mismo espacio conviva el alumnado de distintos grupos o niveles y se refuerza con la puesta en marcha de la tutoría individualizada (la responsabilidad de cada alumno se mantiene estable mientras permanece escolarizado en el centro). La distribución del trabajo en una secuencia de tareas facilita la complementariedad de esta práctica cooperativa no directiva en la fases de investigación y enriquecimiento con el agrupamiento por niveles y horario en las fases de planificación y síntesis.

Otro de los campos de desarrollo de la participación y la autogestión son las actividades extracurriculares. Muchas son las buenas prácticas de numerosos centros en el funcionamiento de grupos o club específicos (deportes, teatro, juegos, prensa, salidas, biblioteca, materiales, etc.). Por último, en relación con el gobierno del centro, procede sustituir la nominal “Junta de delegados” por un Consejo de alumnos competente en la elaboración, seguimiento y control de las normas del centro, la elección y revocación del director, la aprobación del Proyecto educativo, etc. La composición del mismo dependerá de las decisiones de cada centro sin otro límite normativo que el de su propia existencia y la garantía de una participación efectiva.

El pueblo o la ciudad es de todos

Poco podemos añadir a lo dicho por Tonucci y a las fórmulas utilizadas en Fano (“Consejo de niños”, “Consejo municipal abierto a los niños”, los niños arquitectos”, “los pequeños guías”, “la multa de los niños, etc.) para implicar a niños y adolescentes en la vida de su comunidad. No es suficiente con hacer un simulacro de práctica democrática con la testimonial sesión en el Congreso o en el Ayuntamiento el día que se celebra la Constitución (pobre y testimonial práctica democrática aunque se acompañe de una redacción y un dibujo conmemorativo). Tampoco lo es, ejercer el voto cada cuatro años.

La implicación del alumnado en la sociedad, igualmente, se vería reforzada con cambios estructurales como el adelanto a los 16 años de la edad para poder ejercer el voto en las elecciones democráticas.

“La ley, decidida de común acuerdo, se aplica a todos por igual y debe ser respetada”.
 
Jean Le Gal (2002). Obra citada .

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