En el último artículo publicado en este blog calificábamos de sátira contra la calidad de la educación, las Cartas de Servicio que, siguiendo las directrices de la administración “popular”, algunos de los IES habían publicado en el DOCM. Hoy toca hablar de otras “Cartas” relacionadas con la comunidad educativa que, a nuestro juicio, son más pertinentes y representativas. Nos referimos a la «Carta de Convivencia» y la «Carta de Laicidad«.
La “Carta de Convivencia” es una “declaración” con los principios y valores del Proyecto educativo que guían la convivencia del centro. Elaborada con la participación del profesorado, el alumnado, las Asociaciones de madres y padres y el conjunto de las familias y firmada por los representantes de la comunidad educativa fue ideada como una de las medidas del Plan estratégico de mejora de la convivencia (artículo 5 del Decreto 3/ 2008, de 8 de enero, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. DOCM, 11 de enero). Esta carta, una vez aprobada, se difundía y quedaba expuesta en un lugar relevante del centro para facilitar su visualización.
Su implantación y su vida han sido efímeras. El curso siguiente a la publicación del decreto, la OdE realizó un programa de evaluación para valorar la implantación de las medidas. Las conclusiones relativas a esta carta eran clarificadoras: de cada diez, la desconocían tres de las familias, la misma proporción de los tutores y cinco de los alumnos participantes en la muestra. En cuanto a su elaboración, a pesar de su representatividad, ocho de cada diez familias y del alumnado y seis de los tutores habían sido excluidos. Así mismo, su recepción la reconocían cuatro de cada diez familias y su entrega, la misma proporción de los responsables del centro. En un Informe previo, elaborado por la Inspección de Educación se recogía que una parte importante de los centros docentes no la tenía expuesta en un lugar relevante. Su implantación, por tanto, en el año académico 2009-2010 era manifiestamente mejorable.
¿Qué ha sucedido después?, desconocemos si existe un informe actualizado sobre su implantación, pero la devaluación del decreto y la interpretación del término «convivencia» como sinónimo de “autoridad”/”obediencia” nos hace pensar que la vida de esta Carta ha sido efímera y que, como otras muchas iniciativas, se ha quedado en una moda pasajera.
La autoría de la segunda carta, la «Carta de Laicidad» viene de Francia. El pasado mes de agosto, la prensa se hacía eco de su publicación por iniciativa del ministro Peillon para primar y visualizar en las escuelas públicas los valores de la república francesa. La polémica estaba servida. Los medios de comunicación conservadores no perdieron la ocasión de descalificar su contenido por atentar contra la «libertad de conciencia” y ser responsabilidad de un «masón declarado», y los progresistas para alabarla en contraposición a la LOMCE. Nosotros, una vez leída, nos identificamos con su intención, forma y, en gran medida, su contenido.
COMPARTIMOS el modelo de escuela que no se limita a transmitir conocimientos y aspira a ser un espacio para convivir y practicar los valores de la sociedad. Desde un contexto político diferente, ya no somos la República laica de 1931, subscribimos «el respeto de todas las creencias» (punto uno); «la separación, en un estado que se define como no confesional, de la Iglesia y el Estado» (punto dos); el «derecho a creer o no creer» (punto tres); «el ejercicio de la ciudadanía desde la igualdad de oportunidades y la fraternidad» (punto cuatro); «la garantía, por parte del Estado, del respeto de principios en todas las escuelas» (punto cinco); «la protección de la libre elección frente al adoctrinamiento y la domesticación» (punto seis); «el derecho de acceso a una cultura común y compartida» (punto siete); «la defensa de la libre expresión» y, añadimos, circulación y reunión (punto ocho); «el rechazo a la violencia, a la discriminación y el abuso de autoridad –también añadimos-» (punto nueve); «la responsabilidad del profesorado de educar en estos valores (punto diez) y su neutralidad, desde el respeto a las creencias» (punto once); «el uso de las convicciones religiosas como argumento para evitar una parte de las actividades escolares (punto trece) y «la incorporación de los valores como contenido de análisis y reflexión en las actividades» (punto quince).
NO COMPARTIMOS, sin embargo, la exclusión del debate de «los argumentos fundamentados en convicciones religiosas» (punto doce) y «la prohibición de utilizar signos externos o prendas que, más allá de su utilidad religiosa, representan a una determinada cultura o una opción personal» (punto catorce). No nos importa que nuestras alumnas musulmanas lleven el velo o el pañuelo a la cabeza, porque no nos oponemos a que nuestro alumnado católico lleve medallas o crucifijos o a que, en los centros financiados con fondos públicos de titularidad religiosa, los frailes y las monjas acudan vestidos de frailes y monjas a impartir sus clases.
ENTENDEMOS, que todos los valores que esta «Carta de Laicidad» otorga y exige a la escuela pública francesa son extensibles a la escuela pública y concertada en un Estado no confesional como el español. Desde esta declaración, la principal y primera medida sería eliminar la clase de cualquier religión del currículo y la segunda, incorporar la educación para la ciudadanía democrática a la prácticas del centro.
CONSIDERAMOS que procede en los centros docentes la elaboración de una Carta con los valores recogidos en el PCE, sin reducir el contenido a la convivencia, y que deje claro en una «Declaración» de intenciones que tipo de persona quieren formar. Nada más alejado del interés por publicitar la oferta, los compromisos de cantidad o el lugar al que han de dirigir los usuarios sus quejas, de las «Cartas de Servicio».
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